enero 20, 2018
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La opacidad oficialista y la anulación de evidencias tras la masacre de El Junquito, solo dirigen el dedo acusador hacia Nicolás Maduro y su régimen dictatorial.
Redacción Venezuela al Día
Ya son varias las organizaciones y notables personalidades que desde temprano lo incriminan de haber ordenado un cruel ajusticiamiento, una ejecución extrajudicial a siete personas en un sector de El Junquito.
Y es que algunos activistas de Derechos Humanos (DDHH) conjeturan que las fuerzas de seguridad del Estado cometieron el delito de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales en el denominado “Operativo Gedeón” contra el expiloto y exfuncionario del Cicpc, Óscar Pérez y su grupo rebelde “Equilibrio Nacional”.
En efecto, Liliana Ortega, representante de la ONG COFAVIC sentenció que “ejecuciones extrajudiciales y torturas son de los más graves crímenes de derechos humanos que consagra el Derecho internacional y la jurisdicción universal”, esto en relación al caso Óscar Pérez.
A través de su cuenta en Twitter, explicó que “en una presunta masacre donde ocurrieron presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas si se destruye la evidencia todo deja de ser presunto según el derecho internacional”.
Recordó que en el Caracazo se enterraron muchas víctimas sin el consentimiento de sus familiares con el objeto de destruir y ocultar la evidencia. Sin embargo, recalcó que eso fue condenado por la Corte Interamericana de los DDHH.
Del mismo modo, afirmó que todas las personas sin excepción tienen el derecho a inhumar a sus seres queridos, según sus creencias religiosas y en el lugar de su preferencia.
Vale recordar que este sábado se rumoró que los cuerpos de Óscar Pérez y de sus compañeros asesinados fueron trasladados al Cementerio del Este sin la debida autorización de sus familiares.
Igualmente, acotó que “los familiares de las personas asesinadas nunca pierden sus derechos así hayan sido extremadamente graves los delitos que sus seres queridos hayan podido cometer”.
Por su parte desde la cuenta de Cofavic, aseguran que “los Estados deben realizar ex officio y sin dilación investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre alegadas ejecuciones extrajudiciales”.
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